4 años de cárcel a una arrendadora

Una dueña de un apartamento en Pamplona ha sido sentenciada a cumplir una condena de cuatro años en prisión por alterar la cerradura sin el conocimiento ni el consentimiento de su inquilina, quien fue desalojada junto a su bebé de ocho meses y sus posesiones.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), en su Sala de lo Civil y Penal, ha ratificado la sentencia de cuatro años de prisión emitida en abril por la Audiencia Provincial. Esta decisión, susceptible de ser apelada ante el Tribunal Supremo, respalda los hechos probados en ese momento, según informa el TSJN.

Los hechos se remontan al 7 de marzo de 2019, cuando la acusada firmó un contrato de arrendamiento de una vivienda en el casco antiguo de Pamplona, con una duración inicial hasta el 31 de marzo de 2020, que posteriormente se prorrogó por dos años.

El 31 de marzo de 2021, la arrendadora notificó a la inquilina su intención de no renovar el contrato con el fin de llevar a cabo reformas en la propiedad. La respuesta de la inquilina fue que permanecería en la vivienda, abonando el alquiler, hasta encontrar una nueva residencia para ella y su hijo de ocho meses.

Sin embargo, el 7 de junio, sin el consentimiento ni el conocimiento de la inquilina que seguía viviendo allí, la dueña acudió con un cerrajero y cambió la cerradura.

Cuando la mujer y su hijo llegaron, se encontraron con que no podían entrar en su hogar y quedaron «sin un techo y sin sus posesiones», según lo reflejado en la sentencia. De esta manera, la acusada logró desocupar la propiedad. Además, cuatro días después, el 11 de junio, se empadronó en la vivienda y eliminó del padrón municipal a la inquilina y su hijo.

A esto se suma que, una vez que obtuvo acceso a la vivienda, se adueñó de todas las pertenencias de la inquilina y su hijo, que incluían un ordenador portátil, una televisión, una cámara de fotos, joyas, objetos para el bebé y otros enseres domésticos.

La inquilina presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia el 8 de junio y solicitó la devolución de sus pertenencias. El 15 de junio, a petición de una trabajadora social, la acusada entregó dos maletas con ropa y documentos en presencia de dos agentes de Policía Municipal, pero no devolvió el resto de las pertenencias, que tenían un valor pericial superior a 400 euros. Algunas de ellas fueron entregadas el 16 de julio, pero no todas. Como resultado de estos hechos, la acusada fue condenada a dos años de prisión por coacción y otros dos por hurto agravado. También se le ordenó pagar dos indemnizaciones: 6,000 euros por daños morales y 4,819 euros por los objetos robados y no recuperados.

La acusada apeló ante el Tribunal Superior, que confirmó la existencia de un delito de coacción que impidió el uso legítimo de la vivienda, debido al cambio de cerradura, y también un delito de hurto agravado, que dejó a la víctima y a su hijo en una difícil situación económica después de apoderarse de todas las pertenencias y enseres que estaban dentro de la casa.